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Vicepresidenta presenta estudio servirá de herramienta para atacar la pobreza
La iniciativa categoriza el índice de calidad de vida del 60 por ciento de los hogares pobres del país sobre la base de acceso a educación, salud, vivienda y los servicios básicos que estos reciben.
Se trata de un documento realizado por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), durante el período comprendido entre septiembre de 2012 y marzo 2013, que busca integrar a las instituciones públicas y privadas que invierten en combatir la pobreza, de forma tal que optimicen sus recursos y los focalicen hacia los segmentos poblacionales donde se determinó que existen mayores niveles de carencias y necesidades.
Los resultados del estudio serán una herramienta que permitirá a la Vicepresidenta de la República, a través del Gabinete de Políticas Sociales, continuar orientando el gasto social hacia los más desposeídos y desarrollar más acciones de acompañamiento con las familias más necesitadas, además de ayudar a que estas logren su propio desarrollo.
La información surgida del Estudio Socioeconómico de Hogares está enfocada en la población residente en las áreas identificadas como prioritaria I y II, por lo que la población cubierta en el análisis representa el 60 por ciento del total que arroja el IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010.
La investigación involucró a un millón 700 mil hogares, en los que se tomó en cuenta variables como tipo de vivienda y de pared, piso, techo y el hacinamiento de sus ocupantes. También acceso a agua potable, analfabetismo, eliminación de excretas, el tipo de combustible empleado para cocinar y servicios como recogida de basura y alumbrado.
Asimismo, el estudio identificó a los miembros de esos hogares que no han sido inscritos en el Registro Civil, los que sí han cumplido ese proceso, pero carecen de acta de nacimiento y aquellos que no tienen cédula de identidad personal y electoral.
El documento contiene una visión general de las principales características de los hogares y permite conocer las áreas de oportunidad sobre las cuales debe basarse el diseño de políticas sociales, de tal manera que aquellos con mayor vulnerabilidad puedan ser apoyados para superar las carencias que los afectan, y así lograr un nivel de bienestar más alto.
El análisis ofrece un mecanismo para garantizar la eficiencia del gasto público en materia de políticas sociales, permitirá priorizar los recursos y focalizar las estrategias hacia una población que, por sus condiciones, se convierte en objetivo de desarrollo e inclusión.
A la presentación asistieron representantes de los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes ofrecieron el apoyo técnico y financiero, así como de las iglesias, organizaciones comunitarias y no gubernamentales, empresarios y sindicatos que trabajan en la reducción de la pobreza y que firmaron la Alianza contra la Pobreza.